Centroamérica ante la tormenta perfecta: la convergencia de riesgos detrás de la próxima crisis alimentaria
En las sociedades centroamericanas, la mayoría de los hogares se enfrentan a condiciones estructuralmente frágiles: altamente dependientes de la compra en los mercados como fuente de alimentos, e ingresos destinados en gran parte a su alimentación. Usualmente, la inseguridad alimentaria en la región suele explicarse a través del clima. En realidad, está definida por la superposición de múltiples factores que convergen como precios de alimentos persistentemente altos, disrupciones comerciales, conflictos que encarecen insumos clave y, más recientemente, una disminución en la cooperación internacional que anteriormente ayudaba en los momentos de crisis. La interacción amplificada de varios eventos, sobre una sociedad crónicamente vulnerable, empuja a millones de hogares hacia niveles más severos de inseguridad alimentaria. Actualmente, esto es relevante porque la reciente escalada del conflicto en Medio Oriente nos tiene a las puertas de una nueva crisis.
En los últimos años, la región ha experimentado mayor recurrencia en la variabilidad climática, resultando en una producción agropecuaria oscilante, deteriorando gradualmente la resiliencia de los hogares más pobres.
La capacidad adquisitiva de la población y el acceso a alimentos han sido
negativamente influídos por altos precios y salarios que no han variado al mismo ritmo. Informes recientes de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) indican que en 2025 los precios del maíz blanco en El Salvador se ubicaron 30% arriba del año anterior, con incrementos similares para los granos básicos en Honduras. En febrero, los precios a mayoristas del maíz blanco en El Salvador y Honduras reportaron incrementos interanuales entre 24% y 43%, mientras que la reciente cosecha de frijol mantiene estables los precios.
A este escenario se suma el enfrentamiento bélico en Asia Occidental que está alterando el transporte comercial de casi el 20% del petróleo mundial por el cierre del estrecho de Ormuz, aumentando los precios. Al 18 de marzo, las cotizaciones de crudo mostraron alzas cercanas al 50% respecto al año previo, que afectan especialmente a economías altamente dependientes de las importaciones y de energía no renovable, como Centroamérica, al encarecer el costo de los combustibles y del transporte.
Con una estimación de volúmenes de importación de maíz amarillo y trigo, para
el ciclo agrícola 2025-2026, cercana a 3.2 millones de toneladas en Guatemala, 1.27 millones en El Salvador y 1.5 millones en Honduras, según FAO la perspectiva es de un encarecimiento generalizado de los alimentos impulsado por el alza en los costos de fletes de los granos destinados para el consumo humano, la agroindustria y la producción pecuaria, y el alza en los precios de gasolina y diésel que ya es evidente en la región. Adicionalmente, la capacidad de anticipación y adaptación de los países de la región a estos cambios se verán limitados por la imposición de aranceles como medida de presión política entre las grandes economías, amplificando el riesgo a la inseguridad alimentaria.
El mercado de fertilizantes también enfrenta dificultades, puesto que a través de la zona de conflicto circula del 13% del suministro mundial. En 2024, los principales exportadores mundiales fueron Rusia, China y Marruecos, quienes, junto con
Estados Unidos, suministran producto al mercado centroamericano. Entre enero y febrero de 2026, el índice de fertilizantes del Banco Mundial subió de nueve puntos, siendo la urea la más afectada, con alzas de hasta el 39 por ciento con valores cercanos a los 580 dólares. Estos aumentos aún no se reflejan en los mercados regionales, pero una disrupción en la disponibilidad y el precio compromete la producción agrícola actual y futura. Los más afectados por estas circunstancias son los pequeños agricultores, que están por iniciar el primer ciclo productivo del año y deberán enfrentar decisiones críticas sobre cuánto invertir y el rendimiento mínimo que están dispuestos a aceptar, considerando que una futura dependencia de la compra de granos básicos también se verá afectada por precios más altos.
Con anterioridad, los programas de desarrollo y respuesta a emergencias establecieron mecanismos para contener los efectos de factores coyunturales como los expuestos arriba, pero la reducción significativa de los fondos de cooperación internacional desde 2025 ha resultado en una aceleración del deterioro de la situación alimentaria en la región. Por ejemplo, con la reducción de programas vinculados a USAID, la asistencia reportada para Guatemala pasó de más de 270 millones de dólares en 2024 a menos de 70 millones en 2025, con cortes similares en Honduras y El Salvador, limitando la capacidad de respuesta de la población a nuevas presiones económicas y sociales.
Centroamérica no puede darse el lujo de reaccionar cuando la crisis ya está encima. La ventana para actuar es estrecha: los pequeños agricultores están tomando decisiones ahora, los precios se están moviendo ahora, y la cooperación internacional que amortiguaba los golpes ya no está. Los gobiernos de la región necesitan sistemas de alerta que integren todos estos factores y no solo el clima; y necesitan tomar decisión sobre ellos. Deben atender mecanismos de coordinación que no dependan de la próxima emergencia para activarse. El momento de construirlos no es después de la crisis. Es antes. Triada se especializa en traducir esta complejidad en decisiones concretas y accionables para gobiernos y organizaciones. En el escenario actual, no contar con este tipo de enfoque implica quedarse atrás frente a riesgos que ya están en marcha.
Escrito por:
Lorena Aguilar, Socia Fundadora, experta en Seguridad Alimentaria y Resiliencia Climática, y nuestra escritora invitada: Gilda Walter, Experta en Seguridad Alimentaria y Nutrición.
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